CRÍMENES BRITÁNICOS - GUERRA DE MALVINAS

El caso del ex subteniente Durán y los soldados, Vallejos y Pinatti, se inicia por la violación a los Convenios de Ginebra trata sobre el hecho de que soldados argentinos fueron obligados a realizar tareas peligrosas como el traslado de municiones y el levantamiento compulsivo de minas. En este incidente perdió la vida un argentino y otros tres resultaron heridos. La violación al Convenio de Ginebra en el caso del ex cabo se enmarca perfectamente en los siguientes artículos ya que una vez despojado de su armamento Carrizo fue acribillado por sus captores: "...El Convenio de Ginebra señala que “los prisioneros de guerra deben ser tratados en toda circunstancia con humanidad estando prohibido por considerarse infracción grave, cualquier acto u omisión ilícita que acarree la muerte o ponga en peligro grave la salud de los mismos (art. 13), los que además tienen derecho a ser respetados en su persona y en su dignidad” (art. 14).
El caso del ex cabo de ejército refiere a lo publicado por el paracaidista británico Vincent Brambley en su libro “Excursión al Infierno” en el que relata como soldados de la Corona fusilaron a combatientes argentinos en la batalla por el Monte Longdon. Los militares británicos mas comprometidos son: Kent Lukowiak, un cabo de el Batallón 2 que confesó haber fusilado a un soldado argentino después de la rendición en la batalla de Darwin-Goose Green . Gary Sturge y Vincent Brambley, ambos admitieron haber presenciado la ejecución de soldados que ya se había rendido y se encontraban desarmados. El otro caso que ahora salió a la luz es el de McLaughlin quien aunque demostró coraje en combate fue privado de honores póstumos por la grosera colección de orejas que había arrancado del enemigo. McLaughlin quien murió en un ataque de mortero tras haber luchado con una bala en la espalda durante varias horas habría arrancado uno de sus infames "trofeos" de un soldado todavía vivo según revelan los autores del libro. Pero ese libro cambió su historia y la del conflicto al poner sobre el papel la leyenda negra del enfrentamiento esa que desde que terminó la guerra hablaba de atrocidades crímenes y fusilamientos. Bramley sólo se ahorró los nombres pero no le faltaron detalles sobre el asesinato de argentinos previamente mutilados en algunos de sus miembros o en sus orejas. La reacción tanto en Londres como en Buenos Aires no se hizo esperar. Así mientras el conservador The Daily Telegraph calificaba las versiones como "una ofensa contra las fuerzas armadas británicas" Scotland Yard inició una investigación que incluyó dos viajes a las islas y una a Buenos Aires allá por octubre de 1993. Sin embargo en julio de 1994 la fiscalía británica daba por cerrado el caso porque argumentó "no hay evidencia segura como para llevar adelante cargos reales contra persona alguna por ofensa criminal alguna". Aunque Scotland Yard había tomado 470 declaraciones la mayoría había sido "hearings" es decir no declaraciones presenciales sino repetición de historias contadas por otros un testimonio que en la legislación británica no tiene valor para iniciar acciones legales.
En Buenos Aires en tanto se sumaba la declaración del cabo José Carrizo quien aseguró que había sido víctima de un intento de fusilamiento en Monte Longdon. Una comisión de Defensa investigó el tema y después de que trascendió que habría pruebas sobre el fusilamiento de nueve soldados argentinos presentó sus conclusiones al auditor general de las FF.AA. brigadier Eugenio Miari quien en agosto de 1994 elevó un informe al ministro de Defensa Oscar Camilión en el que consideró necesario recopilar nuevos datos sobre la batalla de Monte Longdon el caso del cabo Carrizo. Esa tarea le fue encomendada a otra comisión presidida por el general Mario Díaz que hasta hoy no arrojó resultados concretos.